Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aseguró que no puede haber libertad de expresión sin acceso a la información pública, pues el derecho contribuye a las investigaciones periodísticas y evita la discrecionalidad en los actos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En el marco de la V Cumbre de Gobierno Abierto, la comisionada del INAI sostuvo que el derecho de acceso a la información nutre y enriquece la libertad de expresión que ejercen las y los periodistas, muestra de ello son las investigaciones como La Casa Blanca, El país de las dos mil fosas, Las muertas que no se ven: El limbo de los feminicidios, entre otras.
“El derecho a saber de las personas supone romper el secretismo, esa cadena que durante muchos años lamentablemente la clase política estaba acostumbrada a conservar y a mantener”, comentó la licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Realística de México.
“A mayor publicidad de la información, menores son los márgenes de actos de corrupción, de actos de discrecionalidad. Es ahí donde se inserta un organismo autónomo como lo es el Instituto Nacional de Transparencia, para garantizar el derecho a saber de las personas”, expuso en el panel ¿Por qué somos de los países más peligrosos para ejercer la libertad de expresión?.
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Ibarra Cadena retomó lo dicho por Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Frenar deliberadamente procesos de nominación y designación de personas que están a cargo de velar por la garantía de derechos humanos, es también una forma -aparentemente sutil, pero no menos grave- de suspender o aplazar garantías a los derechos humanos”.
También recordó que, al ejercer sus funciones, el INAI busca equilibrios en el poder, utilizando el acceso a la información pública como un mecanismo de control ciudadano y buscando también que la sociedad se empodere, tenga una mayor participación en los actos públicos y pueda exigir una mayor rendición de cuentas, fomentando que haya una conciencia social de la cultura de la legalidad y de la transparencia.
Raymundo Ramos, fundador y presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, apuntó que se ha retrocedido terriblemente en la defensa de las libertades, pues en diversos estados como Tamaulipas y Veracruz se registra un gran número de periodistas asesinados o desplazados; además del espionaje que existe tanto a periodistas como a defensores de derechos humanos.
“Definitivamente no hay condiciones para tener una libertad de expresión plena donde los periodistas puedan sentirse seguros de escribir sobre cualquier tema, en cualquier momento; siempre estamos pensando ¿Podrá salir a la luz pública? Y si esto se consigue ¿Cuáles serán las consecuencias? Sin embargo, también soy optimista; creemos que, si nos unimos todos: los grupos sociales, los jóvenes, los organismos y las instituciones podemos ir hacia un mejor país en poco tiempo”, planteó.
Pedro Cárdenas Casillas, coordinador de Protección para Artículo 19 Oficina México y Centroamérica, manifestó que los ataques a la libertad de expresión están ligados a la violencia sociopolítica.
Alertó que, en promedio, cada año sube en 10 por ciento las agresiones contra periodistas; a lo que se suma la impunidad, ya que de más de mil 50 procesos abiertos en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), 97 por ciento no han llegado a una sentencia.
“Dos de cada cinco ataques contra la prensa vienen directamente de personas funcionarias públicas; la delincuencia organizada está presente, sí, por supuesto, escala en un ocho o 10 por ciento cada año y, sí, la delincuencia organizada está vinculada a agresiones letales; sin embargo, en el día a día quien los pone entre la espada y la pared son los gobernantes, sobre todo a nivel estatal y municipal”, señaló.
Vianey Esquinca, socia directora de la agencia de relaciones públicas Cuadrante Estrategia y Comunicación, apuntó que los ataques que se sufren por ejercer el periodismo son de una connotación personal que llega al escándalo.
Cuando se cuestiona al Presidente se reciben un gran número de mensajes y amenazas en las redes sociales con el objetivo de suprimir las preguntas y evitar que se encare a la máxima figura del gobierno federal, manifestó.
“Lo que ha estado pasando con el espionaje, con la utilización de toda la información en contra de los periodistas son otras formas de agresión que están permanentemente asechando y hostigando a los periodistas, ya no solamente del interior de la República, donde además se llega a la violencia física, sino también de los medios nacionales”
“Creo que no es el momento de cejar, de rendirnos, es el momento de seguir haciendo redes periodísticas, donde mantengamos la confrontación al poder”, subrayó Vianey Esquinca.
Ernesto Núñez Albarrán, Subdirector de Información en Animal Político, enfatizó que se debe de cuidar mucho el derecho de acceso a la información.
Actualmente hay quien cree que se puede poner en riesgo paralizando a una institución que ha sido vital para consolidar una mayor libertad de prensa, comentó el ex asesor del INE.
“Antes del 2000 no teníamos una ley que garantizara el derecho a la información, no teníamos un órgano garante de ese derecho, no teníamos un INE, una CNDH, no demos por hecho eso, porque si pensamos que eso va a estar ahí siempre, probablemente nos sintamos menos obligados a defenderlo, entonces, conozcan la historia reciente del país, vean lo que hacemos con el INAI, con Artículo 19, con las organizaciones, haciendo este tipo de alianzas podemos construir juntos un mejor futuro para el periodismo”, concluyó.
